Por: Julio Battistoni
El 18 de febrero de 2015, una medida judicial dispuso el allanamiento con requisa de equipos informáticos del semanario El Eco de Colonia, en base a una denuncia por violación a los derechos de autor hecha por la Asociación Antipiratería de Software. Este procedimiento se llevó a cabo pocos días antes de una audiencia de conciliación entre ambas partes, fijada para los primeros días de marzo.
Esta medida, que implicó una grave lesión a la libertad de prensa y el derecho al trabajo (al poner en riesgo la salida del semanario), bajo un supuesto perjuicio económico causado a dos o tres multinacionales del software, es arbitraria, innecesaria y desproporcionada.
Esta situación, que también se ha dado en otros medios de prensa de los departamentos de Colonia, Artigas y Cerro Largo, desnuda un problema de fondo, que es el uso de software privativo por parte de grandes sectores de la población y la aplicación de una ley de derecho de autor anacrónica.
Las empresas de software privativo usan una estrategia que consiste en hacer lobby en los centros educativos de modo que no solo las personas se formen en sus herramientas sino que luego también las requieran en sus lugares de trabajo.
Por su parte, en la órbita privada, siempre había existido permisividad en cuanto a la fiscalización del uso de software privativo con licencias, ya que el bocado más jugoso lo representaba el Estado, con pagos de licencias de cientos de millones de dólares.
El hecho de emprenderla ahora contra una serie de pequeños medios de prensa del interior, por una falta cometida por aproximadamente el 70% de la ciudadanía, es una forma clara de control social, en la cual se elige arbitrariamente qué medios de prensa fiscalizar.
La otra parte del problema es la aplicación de la ley de derechos de autor, la cual establece penalizaciones cuyo perjuicio a las grandes mayorías (en este caso, el medio de prensa y la ciudadanía que lo lee) no se corresponde con el supuesto daño causado a las multinacionales.
Con amparo en esta misma ley, ya se han dado con anterioridad situaciones similares, como la acontecida en 2013 con el allanamiento de locales de fotocopiado cercanos a la Facultad de Derecho. En ese caso, tras la denuncia de una editorial, miles de estudiantes quedaron sin materiales de estudios, ya que las fotocopias son el único medio de acceso a la onerosa bibliografía requerida en varias carreras universitarias.
Una ley que causa estos perjuicios a la ciudadanía, bajo el supuesto daño a unos pocos privados poderosos, requiere ser reformada. Entre otras cosas, es necesario sacar sus procesos de la órbita penal e implementar excepciones para los ámbitos educativos.
Para atacar un problema como el uso del software privativo en la sociedad, no es suficiente ensayar una única respuesta. Desde el Parlamento y el Estado se han impulsado iniciativas, pero queda mucho por avanzar en la materia. En el año 2013 se aprobó la ley de Software Libre, que impulsa su uso en la educación y el Estado.
Esto, además del ahorro en licencias, provocará el desarrollo de las capacidades nacionales en la materia y mitigará gradualmente las necesidades que el mismo Estado imponía de usar software privativo, a sus empresas proveedoras (entre ellas, las imprentas). Asimismo, Antel ha organizado por varios años las Conferencias Internacionales de Software Libre.
Los desafíos que se presentan a futuro comprometen a distintos actores. A nivel de políticas públicas, es importante impulsar un apoyo de parte del Ministerio de Industria a todo emprendimiento productivo que quiera migrar a software libre, con exenciones de impuestos, asesoría en el proceso, entre otros mecanismos de asistencia. También deben tomarse medidas que garanticen el cabal cumplimiento de la ley de software libre.
A nivel legislativo, es importante impulsar cambios en la ley de derechos de autor, para encontrar un balance más justo entre titulares de derechos, ya sean propietarios de software, editoriales, etc., y quienes hacen uso de los bienes culturales y científicos.
Finalmente, la comunidad de software libre debe estar a la altura de las circunstancias cuando surgen situaciones como las que afectaron al semanario, ya sea desde la difusión de estos problemas, la sugerencia de alternativas y la asistencia técnica dentro de la medida de sus posibilidades.