Los gigantes del software meten presión al Gobierno canario

Por: Almudena Sánchez

El Gobierno autonómico ha recibido escritos de algunas multinacionales de sistemas operativos para impedir perder el negocio que supone la venta de licencias a las administraciones públicas. Canarias no ha sido la única; otros organismos públicos, a medida que se van apuntando al open source, reciben los mismos escritos.

El cambio al software libre es una de las estrategias políticas que procura un ahorro silencioso pero nada despreciable.

En Canarias, por ejemplo, el gasto medio anual en el período 2007-2011 -anterior legislatura- alcanzó 1,1 millón de euros; sólo en los años 2011-2012 el gasto se redujo un 22,73% hasta situarse en los 851.800 euros, según los datos que facilitó la Dirección General de Telecomunicaciones del Gobierno autonómico a solicitud del diputado del grupo del Partido Popular (PP), Fernando Figuereo.

Al término de la presente legislatura, el ahorro podría superar los 250.615,08 euros ya que los datos antes mencionados llegan únicamente hasta 2012.

La adquisición de sistemas operativos libres es una tendencia creciente no sólo en Canarias, sino en el resto del Estado. No necesariamente se trata de software gratis, ni de dominio público, aunque a veces lo sea. El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC (Cenatic) basadas en fuentes abiertas promueve la mutación informática por reducción de los costes, el acceso al código fuente brinda al sector privado activos económicos, adaptación del software a las necesidades, fomenta la cooperación entre las administraciones públicas y favorece la independencia.

Es precisamente esto lo que ha hecho reaccionar a las multinacionales. A medida que el sector público se pasa al open source, su facturación va en caída al verse frenada la venta de las licencias.

Por eso, es común que varias comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, hayan recibido escritos de estos gigantes del sector informático. El contenido ha provocado que se hayan hecho auditorías sobre las licencias que se han estado usando; la Junta de Andalucía fue condenada en 2012 a pagar 12 millones por piratear software de Microsoft;en Canarias todas las licencias dependientes de la Dirección General de Telecomunicaciones son legales.

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